El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reexaminará la sentencia dictada el pasado mes de mayo por la que respaldaba a España en la no renovación como profesor de Religión, en el año 1997, del cura ciezano casado y padre de cinco hijos, José Antonio Fernández Martínez. Esto supone que la nueva sentencia se conocerá en unos seis meses. José Antonio participó esta semana en una vista pública que tuvo lugar en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -el órgano máximo-. Esto supone un caso excepcional, ya que la Gran Sala solo interviene en situaciones muy contadas. De hecho, el recurso cayó en un paquete de 42 entre los que solo se han elegido dos procedimientos. El abogado de José Antonio Fernández, José Luis Mazón, aseguró que su «impresión» es que los jueces han mostrado «bastante interés», porque de los 17 han preguntado un total de diez magistrados y «normalmente no suelen hacer tantas preguntas». Durante la vista, los jueces escucharon las alegaciones de los dos abogados del demandante, José Luis Mazón y Encarnación Martínez, así como las del abogado del Gobierno, que también ha realizado su intervención. A continuación, los magistrados procedieron a plantear sus cuestiones ante una sala «abarrotada» de público. Entre los asistentes se encontraban la mujer y los hijos del demandante.
Según recordó el abogado del exprofesor y sacerdote, en la sentencia dictada el pasado mes de mayo de 2012, los siete jueces de la Sala «habían cambiado el debate introduciendo como causa de despido las opiniones contrarias a la Iglesia católica» mostradas por el demandante, algo que, según apuntó el abogado, «el obispo nunca expresó en su carta de despido». Mazón defendió ante la Gran Sala que el obispo de Cartagena, en su carta de despido, «solo alegó que era escándalo que José Antonio Fernández apareciese en prensa como cura casado con hijos» y que fue el Tribunal Constitucional el que introdujo la acusación de críticas contra el demandante. «Ese ha sido el gran caballo de batalla».
Entre las cuestiones por las que se han interesado los jueces, destacan, si la Iglesia católica paga o no, parte del sueldo del profesor, o lo paga el Estado; si el Estado tiene algún control cuando la Iglesia despide a un profesor por violación de derechos fundamentales. Asimismo, le preguntaron al demandante el motivo por el que renunció a su condición de cura, y José Antonio respondió que lo hizo porque quería casarse.