18/12/2017 Caravaca, Comarca del Noroeste, Región de Murcia

Carpetazo al caso Roblecillo de Caravaca por falta de indicios de delito

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El juzgado de Murcia que instruía un presunto caso de corrupción urbanística con la aprobación del plan parcial de El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, ha archivado las actuaciones por falta de indicios de la comisión de un delito de prevaricación.

La causa afectaba al exalcalde Domingo Aranda (PP) y al exconcejal de Urbanismo del mismo partido Amador López e implicó registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el ayuntamiento.


El sobreseimiento provisional afecta así mismo a otros miembros de la corporación local que apoyaron la aprobación del plan parcial y a responsables de las empresas que lo promovían.

Se pretendía la recalificación de terrenos que gozaban de protección ambiental para convertirlos en urbanizables y permitir así el desarrollo de ese plan parcial.

Afirma el juzgado de instrucción que los miembros de la corporación estaban imputados por un delito de prevaricación y que para considerar cometida esa infracción penal es preciso que la resolución injusta se dicte a sabiendas de que lo es.

En aplicación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, añade que la mera ilegalidad de la decisión no es suficiente para la comisión de ese delito.

Recoge igualmente el auto de archivo que las normas administrativas prevén supuestos de nulidad que deben ser controlables por la vía contencioso-administrativa, no por la penal.

La resolución judicial comenta que el mayor contratiempo con el que se enfrentaron los gestores del plan parcial fue la falta de recursos hídricos, pero que esa circunstancia fue tenida en cuenta por el ayuntamiento al aprobar inicialmente solo una de las tres unidades de que constaba ese desarrollo urbanístico.

También se refiere a las numerosas gestiones llevadas a cabo con la Confederación Hidrográfica del Segura para gestionar la concesión de aguas subterráneas “con el objetivo de garantizar la requerida en la zona aprobada y dejando al margen aquella zona que les consta no podrá ser desarrollada por no existir ningún mecanismo que pudiera superar dicho óbice”.

Finalmente, el juzgado señala que el sobreseimiento debe extenderse también a los investigados que no ostentan la condición de funcionario o autoridad, al no quedar suficientemente acreditada la condición de cooperadores.

El auto no es firme, ya que puede ser recurrido en reforma, que resolvería el propio juzgado, o en apelación, del que entendería la Audiencia Provincial de Murcia.

Fuente: EFE

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